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Enfoque de género y políticas públicas: conceptos y metodologías

El problema y el concepto del enfoque de género ha sido incorporado gradualmente en Chile en las políticas públicas.

Este esquema de clases (resúmen)  aborda el tema desde dos puntos de vista: los conceptos de enfoque de género en relacion con las políticas públicas, y su operacionalización metodológica.conversando

1.- ENFOQUE DE GENERO Y POLÍTICAS PUBLICAS

La incorporación de la perspectiva de género a la agenda pública es un ejemplo de este proceso, es decir del desarrollo del movimiento de mujeres en los últimos veinte años por un lado, así como del tipo y calidad del conocimiento que se ha producido sobre las relaciones de género y del consenso internacional en torno a la necesidad de una mayor equidad y sustentabilidad de los procesos de desarrollo, por otro.

Lo anterior se ha traducido a su vez en la incorporación de la igualdad de género como un tema tan importante como lo constituyen los temas medioambientales o las estrategias de superación de la pobreza, así como las políticas asociadas al mejoramiento de la calidad de vida, por mencionar algunas.

Paralelamente, la inclusión y abordaje de la equidad de género han estado enmarcados y condicionados por la evolución de las tendencias globales y regionales respecto al paradigma de desarrollo económico y social, al papel y aporte femenino a dicho desarrollo, a los avances en materia de derechos de las mujeres, al propio concepto de género y, por supuesto, al proyecto político de cada país.

Es necesario constatar que en la región (América Latina), el modelo de crecimiento de los años 50 se caracterizó por un enfoque asistencialista para abordar los problemas de las mujeres, basado en la priorización de su rol reproductivo. A fines de los 60 y principios de los 70, el fracaso de las políticas de modernización trajo aparejado un mayor reconocimiento del rezago social de las mujeres, se comenzaron a revisar las relaciones al interior del hogar y tímidamente el aporte de las mujeres al desarrollo, se asiste al enfoque desarrollista y es el comienzo de las acciones correctivas para superar las brechas que separaban a hombres y mujeres que, mayoritariamente, también terminaron adoptando una perspectiva de corte social. A principios de los 80, adquieren relevancia los enfoques de “eficiencia“, por un lado, y de “empoderamiento y autonomía”, por otro.    su vez , en los años 90 agregan el fenómeno de la globalización que ha gestado nuevas oportunidades y nuevas vulnerabilidades.

También los intereses de los distintos grupos sociales y el tipo y definición de Estado, marcan diferencias con respecto al tipo de política que se persigue. El Estado reproduce el sistema de discriminación y de generación de desigualdades a través del sistema educativo, del ordenamiento jurídico, de los mensajes que emite a la sociedad como empleador, de las normas que elabora para regular el mercado, etc. Así, no sólo el proyecto educativo vigente no ha incentivado la autonomía, la seguridad en sí mismas, el desarrollo de las capacidades de logro, de empoderamiento y de toma de decisiones de las niñas y mujeres sino que las políticas salariales o sobre trabajo no remunerado, las de seguridad social, salud, etc. han afectado la relación entre los géneros y, especialmente, la vinculación de las mujeres al mercado de trabajo, cristalizando la discriminación y segmentación.

Enfoque de género y políticas públicas son cuestiones interdependientes

Lo anterior indica una interdependencia entre las políticas públicas y las relaciones de género imperantes así como la necesidad de incidir activamente en la definición de ambas dado que no es posible concebir unas sin las otras: el Estado y sus políticas contribuyen a configurar las relaciones de género al interior de la sociedad, al mismo tiempo que las relaciones de género lo hacen con el tipo de Estado predominante.

De tal modo que para que las políticas públicas incluyan efectivamente una perspectiva de género se requiere de una voluntad explícita de parte de las autoridades de promover una redistribución entre los géneros en términos de asignación de recursos, derechos civiles, participación, posiciones de poder y autoridad y valoración del trabajo de hombres y mujeres, lo que nos lleva a la discusión respecto de la inclusión de la perspectiva de género en la agenda pública de los Estados.

Panorama histórico de la equidad de género en América Latina

La agenda de la equidad de género en la región, en la segunda mitad del siglo XX, ha registrado importantes avances lo que no ha implicado la eliminación o superación de las desigualdades de género, con independencia del proyecto país o del modelo de Estado predominante y tampoco “se logró construir la equidad de género como una dimensión impostergable de la equidad social y como tema de política y responsabilidad gubernamental”

Uno de los principales logros fue la visibilización de las principales demandas de las mujeres junto con la necesidad de una institucionalidad estatal responsable de atenderlas. Como respuesta a la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, 1976) se crearon los primeros mecanismos gubernamentales y en la actualidad, casi todos los países tienen un organismo –con diferencias de rango, presupuesto y consideración- a cargo de las políticas y programas para las mujeres, encargado de coordinar con el resto de los sectores la inclusión en el diseño de las políticas públicas de las demandas, necesidades y potencialidades de las mujeres y, eventualmente, la implementación de programas específicos.

Las principales manifestaciones de estos avances han sido los planes de Igualdad de Oportunidades, los planes de acción y los planes nacionales para las mujeres, donde destacan los siguientes países del Cono Sur :

Argentina: el Plan Federal de la Mujer responsable de desarrollar un Sistema Nacional de Información Mujer, las capacidades políticas, técnicasy operativas para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de igualdad y de proveer equipamiento, capacitación y asistencia técnica a las estructuras que promuevan la equidad de género.

Brasil: el CNDM elaboró el documento “Estratégias de Igualdad” con propuestas de políticas públicas que en sintonía con el Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH) del gobierno federal, sirven como líneas de acción y actividades para implementar la Plataforma de Acción de Beijing y otras convenciones adoptadas.

Chile: el SERNAM coordina las iniciativas tendientes a la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombresdesde 1994 a la fecha y que un programa de difusión de los derechos de las mujeres a través de los Centros de Información (CIDEM).

No obstante lo anterior para muchas autoras relacionadas con la temática, la participación de las mujeres en la adopción de decisiones económicas y políticas sigue siendo muy baja, determinando en gran medida las posibilidades de participación ciudadana en la formulación, ejecución y monitoreo de políticas y programas públicos, las que a pesar de las limitancias muestran avances importantes desde una perspectiva histórica de los últimos 20 años.

Sin embargo, estos avances en cuanto tendencias regionales no pueden esconder las significativas deficiencias en materia de institucionalización y efectividad que se han registrado entre los países, los que muestran brechas significativas que se expresan en caso como los del SERNAM de Chile, con la más integral y sólida actuación contrastando con el Instituto de la Mujer y la Familia de Uruguay que incluso carece de presupuesto propio.

Las principales debilidades a señalar refieren a la fragilidad institucional de los organismos para la promoción de la mujer al interior del aparato estatal, su escasa capacidad de coordinación y de incorporación de la dimensión de género en los programas de los distintos Ministerios, la discontinuidad de los equipos técnicos, el escaso presupuesto, los conflictos de la gestión pública y ante todo, las resistencias de carácter ideológico que se traducen, sustancialmente en manifestaciones indirectas de la discriminación y la exclusión y que han socavado la sustentabilidad de las acciones.

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